DISCURSO DEL EMBAJADOR PALMER SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA GOBERNABILIDAD DE UNA NACION Y EL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO
	Para mi es un gran honor y un privilegio estar aquí hoy con ustedes compartiendo en este foro tan importante – Gracias por la oportunidad de hablarles sobre la importancia de la gobernabilidad en la construcción de una sociedad justa. Como ha manifestado el Presidente Bush: “Un gobierno honesto es esencial para poder encarar los retos en los tiempos en que vivimos”. Además, sin lugar a dudas existe una correlación directa entre la gobernabilidad y el crecimiento económico, particularmente en la habilidad para atraer la inversión nacional y extranjera necesaria para reducir la pobreza. En los últimos veinte años, la mayoría de los países en el Hemisferio Occidental, incluyendo a Honduras, han obtenido grandes logros en la creación de sistemas democráticos de gobierno, a pesar de que hoy en día, la región enfrenta grandes retos. Líderes electos democráticamente de varios países enfrentan problemas persistentes de índole político, económico y social y las tazas actuales de crecimiento económico son inadecuadas para generar un número suficiente de empleos para las poblaciones en crecimiento, y menos aun, para encarar la pobreza crónica.

En muchos países, la corrupción y la ineficiencia han paralizado el desarrollo económico. y han producido desilusión con el término “reformas del libre mercado”. Todos estos factores se han combinado para atizar la insatisfacción popular, a las cuales las relativamente débiles instituciones gubernamentales deben responder.

El crecimiento económico es vital para crear nuevas oportunidades y eliminar la pobreza, pero lo anterior no es posible sin gobernabilidad y el respeto a las leyes. En términos generales, la gobernabilidad promueve los derechos humanos fundamentales y universales. El desarrollo no es posible donde las personas no tienen voz, donde no se respetan los derechos humanos, donde la información no fluye y donde la sociedad civil y el sistema jurídico son débiles.

Un principio fundamental de gobernabilidad con justicia es la presencia de límites constitucionales que frenen los alcances del poder gubernamental. Estos límites incluyen elecciones periódicas, garantías de los derechos civiles, un poder judicial independiente que permita a los ciudadanos buscar la protección de sus derechos y que tengan el derecho de defenderse de las acciones gubernamentales incoadas contra ellos. Estos límites permiten que los diferentes poderes del Estado sean responsables por si mismas y hacia las personas.

Si bien el poder judicial independiente es importante para mantener el Estado de Derecho, el cumplimiento continuo y transparente de las leyes nacionales requiere de mucho más que tribunales que cumplan con su función, estrictamente y con justicia. Todos los poderes del Estado y los miembros de la sociedad deberán sujetarse voluntariamente a la ley. Sin embargo, cuando existe renuencia, o en el peor de los casos, cuando buscan evitar o manipular las leyes, la sociedad debe tener un defensor. El defensor es un abogado independiente fiscalizador del estado. Es extremadamente importante que los fiscales apliquen la ley con justicia y de manera uniforme. Es inaceptable que una persona que cometa un crimen menor sea enjuiciada y encarcelado en un período corto de tiempo mientras que aquellos individuos conocidos por ser corruptos continúen ejerciendo sus acciones con impunidad. Además, el Estado de Derecho es la base para la creación de empresas y el establecimiento de mercados de capital que apoyan el desarrollo económico. Creemos que los ciudadanos, o sus representantes electos, deben estar involucrados en todos los niveles de creación de leyes ya que la participación en este proceso compromete al ciudadano con la ley, otorgándole la seguridad de que la misma lo protegerá a él y a sus bienes.

Durante los últimos cuatro años, en un esfuerzo continuo por ayudar a Honduras con programas de apoyo al sistema judicial, Estados Unidos, por medio de la USAID, ha otorgado casi diez millones de dólares, en asistencia. Nuestros programas se han concentrado en crear un poder judicial y un Ministerio Público independientes, apolíticos y efectivos. También hemos orientado nuestros esfuerzos en generar una participación más amplia y efectiva de la sociedad civil en el sector de reforma de la justicia y el monitoreo de la responsabilidad gubernamental.

Existen cinco principios gubernamentales claves de gobernabilidad que el Presidente Bush utilizará para determinar que países calificarán para recibir fondos para programas de asistencia al desarrollo bajo la Cuenta del Reto del Milenio (MCA, por sus siglas en inglés) estos son: elecciones libres y transparentes; un poder judicial independiente y el estado de derecho; libertad de información y prensa; la ausencia de corrupción; y la inversión del gobierno en servicios básicos sociales. Los principios anteriormente enumerados constituyen los pilares de la democracia moderna y sientan las bases para crear mercados de capital y estimular la inversión nacional y extranjera. En consideración al tiempo, hoy quiero referirme al Estado del Derecho.

Actualmente, Honduras tiene la oportunidad de demostrarle al mundo su compromiso con la gobernabilidad en la próxima elección del Fiscal General. Estados Unidos aplaude los esfuerzos del Gobierno de Honduras de involucrar a la sociedad civil en el proceso de selección y por tomar las medidas necesarias requeridas para que el proceso sea transparente. Compartimos el deseo del pueblo hondureño de que, quienquiera que sea seleccionado, el funcionario será una persona del más alto calibre ético posible, y que él o ella luchará para administrar las leyes de Honduras de una manera justa, respetando los derechos de todos los hondureños, sin discriminar a nadie en base a raza, sexo, condición económica, afiliación política, o religión. La sociedad hondureña no tolerará un sistema con criterios diferentes para tratar de una manera a los grupos privilegiados y de otra al resto de la sociedad. Aplicar la justicia por igual, enmarcada en la ley, debe ser la visión del nuevo Fiscal General. El pueblo hondureño anhela que esta aspiración se haga realidad; la democracia debe cumplirles su deseo. Insto al Congreso Nacional para que seleccione a la persona idónea para cumplirles la tarea.

El próximo Fiscal General deberá trabajar para asegurar que ninguna persona permanezca impune y que los actos de corrupción, al ser detectados, se les aplique todo el peso de la ley. Es necesario que los casos sean investigados en su totalidad, sin importar quien fuere el perpetrador, y que estos casos sean llevados a las cortes. Cuando se permite que los que violan la ley deambulen libremente por las calles, se fomenta un clima de impunidad que ahuyenta las inversiones potenciales, y al mismo tiempo, reduce la confianza ciudadana en el gobierno. Por ejemplo, en una reciente encuesta Latino-barómetro de América Latina, solo un veinticinco por ciento de los encuestados expresaron tener fe en su gobierno o en el poder judicial. Esto debe cambiar. El nuevo Fiscal General puede hacer la diferencia.

Cualquier discusión sobre el Estado de Derecho sería incompleta si no se hablara de los profundos efectos de la corrupción. Sin lugar a dudas, la corrupción perjudica el desarrollo. Los esfuerzos para cuantificar las pérdidas económicas como resultado de la corrupción son puramente especulativas. Pero un estudio del Banco Mundial, considerado conservador por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sugiere que el costo anual a nivel mundial de la corrupción es de mas de ochenta mil millones de dólares, cantidad mayor al monto total de toda la asistencia económica a los países en desarrollo.

Los grandes sobornos minan la economía de un país, y los sobornos pequeños, como por ejemplo la “facilitación” de pagos para acelerar acciones burocráticas en los gobiernos, dañan de manera desproporcionada a los pobres. La corrupción tiende a predisponer la planificación económica de un país en contra de los sectores sociales, que tienden a ser más beneficiosos para los más pobres, y a favor de los proyectos de grandes capitales intensivos, que presentan mayores oportunidades para obtener grandes “tajadas”.

También debilita el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en maneras diversas y numerosas y, que generalmente son imposibles de medir. Por ejemplo, donde la corrupción ya ha penetrado, desanima a los mejores elementos a integrarse al servicio del gobierno, resultando en que la corrupción se vuelva auto sostenible y proporcionando un incentivo para que aquellos que si entran al servicio civil busquen el enriquecimiento personal primero en vez del bienestar público. Esto reduce el respeto por la ley, facilita el crimen, y genera cinismo, que a su vez, alimenta la expectativa que la extorsión es inevitable y que el soborno es un mal necesario.

La generación de impuestos se hace más difícil en un ambiente altamente corrupto, resultando en que el incremento a los impuestos sea una necesidad, lo cual tiende a acrecentar el desempleo y la pobreza. El incremento de impuestos puede crear un incentivo para la fuga de capitales. La corrupción arraigada puede corroer la estabilidad política, impidiendo la inversión privada pública y extranjera. Aun donde la estabilidad política no está amenazada, tan solo la posibilidad de que se realice la extorsión es suficiente para disuadir al inversionista, negando así la oportunidad al pueblo de alcanzar una mejor calidad de vida.

La corrupción no es la única causa de la persistente pobreza en los países. La distribución inapropiada de los recursos naturales, el mal manejo económico, sistemas educativos inadecuados, infraestructura deficiente, escasos incentivos para productores y negocios, mala administración y la reducida disponibilidad de ahorros y capital para la inversión, para mencionar algunos, son factores que a menudo contribuyen con la pobreza. El acuerdo que el Presidente Maduro busca con el Fondo Monetario Internacional, así como el plan de su gobierno para enfrentar estos problemas, son pasos dignos de recibir un mayor apoyo político.

Si bien es casi imposible que se elimine totalmente, la corrupción arraigada y a gran escala, no tiene que existir en todos los países. Una perspectiva a largo plazo para las reformas contra la corrupción es esencial. La participación de todos estos sectores, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, es esencial. En muchos países, estos grupos han trabajado como coalición para identificar las grandes debilidades y lagunas en el “sistema de integridad” del país. Han sentado prioridades, han identificado posibles oportunidades, han creado presión política sostenida y han dado seguimiento al progreso de reforma. Felicito el esfuerzo de la Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia que realiza dichas labores en Honduras.

En Honduras, la sociedad civil, por medio del Consejo Nacional Anticorrupción, ha trabajado con el gobierno para identificar diversas áreas donde se puede mejorar. Felicitamos al Consejo por su labor, particularmente por ayudar en el desarrollo de la Estrategia Nacional Anticorrupción y esperamos que el Gobierno de Honduras implemente en su totalidad las recomendaciones de la misma.

El gobierno ha dado pasos firmes para enfrentar la corrupción, incluyendo la reforma del sistema de justicia criminal y en los contratos gubernamentales. Asimismo, la selección transparente de un candidato de calibre como nuevo Fiscal General será de gran ayuda en los esfuerzos para contrarrestar la corrupción.

Para concluir, los estadounidenses tenemos un profundo aprecio por las libertades y oportunidades de las que gozamos, y creemos, que los principios que rigen nuestras instituciones democráticas y nuestra vital sociedad civil son la mejor manera de lograr el crecimiento económico sostenible. Estados Unidos confía que promoviendo la gobernabilidad como parte de nuestra política exterior, particularmente por medio de la Cuenta del Reto del Milenio, la condición de vida de los ciudadanos a nivel mundial mejorará como resultado de la creación de naciones democráticas sólidas con economías prósperas, una mejor calidad de vida y un mayor respeto por las leyes del país.

Como Roger Noriega, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha enfatizado recientemente: “La política del Presidente Bush para el Hemisferio Occidental es la de ayudar a nuestros amigos y vecinos a consolidar el progreso histórico, político y económico que han logrado en las últimas dos décadas, para que juntos construyamos una comunidad de democracias comprometidas con la libertad y la oportunidad para todos nuestros pueblos”.

Que Dios les bendiga,
Que Dios bendiga la República de Honduras,
Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América

Muchas gracias.